«La alimentación de la población no puede quedar librada a las leyes de oferta y demanda del comercio internacional», afirma Carlos Inal Kricas. . Imagen: Sandra Cartasso
Existe en la actualidad un contexto de suba de los precios internacionales de los commodities, que viene impactando fuerte en el precio interno de los alimentos. Suba que, muy probablemente, continúe o al menos se mantenga oscilando en los estos niveles mientras perdure la política monetaria de intensa emisión de la Reserva Federal (banca central estadounidense) para paliar la crisis del covid-19. Emisión que ha devaluado al dólar frente a otras monedas fuertes.
En el mismo período que el dólar se ha estado devaluando los precios de las materias primas se han ido incrementando en una correlación inversa casi perfecta. Esto no es casualidad, sino que es producto de un fenómeno muy estudiado y que se ha venido corroborando una y otra vez en diferentes períodos históricos.
El motivo de este fenómeno es que se trata de la moneda a través de la cual se transan, en una enorme mayoría, los productos en el comercio internacional. Al depreciarse, entonces, cada unidad de esos productos resulta más barata para los países demandantes de commodities. Esto hace incrementar la demanda y, por lo tanto, también los precios.
Es lo que viene ocurriendo con la creciente demanda de productos agropecuarios por parte de China. Es de esperar que esa mayor demanda perdure por un buen tiempo y que, incluso, se acelere debido a que ha sido el país de mejor desempeño económico durante la crisis del covid-19. Ha sido la única potencia que logró crecer durante el 2020, llegando a reportar un crecimiento interanual de 6,5 por ciento en el último trimestre de ese año.
En principio, es una buena noticia para un país como Argentina cuyas exportaciones son, en su enorme mayoría, materias primas de origen agropecuario. No obstante, la situación derivará en un enorme perjuicio para los sectores de menores ingresos, que gastan la mayor proporción de sus ingresos en alimentos. Esto sucede si no se llevan a cabo medidas para desacoplar los precios internos de los alimentos de sus cotizaciones internacionales.
Concentración
Además de este escenario del comercio internacional, la economía argentina padece graves problemas estructurales, que en forma recurrente presionan sobre los precios internos. Tiene una estructura concentrada en determinados sectores y eslabones de las cadenas productivas y comerciales, con actores monopólicos u oligopólicos con un enorme poder de fijación de precios.
Un ejemplo de ello es el sector lácteo. Una sola empresa concentra más del 70 por ciento del mercado, con un esquema de distribución asimétrico para los actores de la cadena: el productor, primer eslabón, obtiene un margen relativamente pequeño del precio final, quedando su mayor parte para la usina láctea que acopia, procesa y distribuye el producto, y para las grandes cadenas de supermercados que concentran la venta final. Es lo que ocurre en la mayor parte de las cadenas productivas de otros alimentos.
Una cuestión sustancial en el costo de los alimentos es el factor tierra, que tiene un peso exorbitante. Esto se agrava al realizarse la producción, en su mayor parte, en tierras alquiladas, y permite a sus propietarios hacerse de una enorme porción del precio de venta de lo producido a raíz de la renta de un bien no amortizable.
Costos
Otro problema estructural que se traslada al precio de los productos es la ineficiente logística, siendo uno de los pocos países en el mundo que transporta la mayor parte de su producción en camión. Es un sistema ineficiente en relación al menor costo por unidad transportada que ofrece el transporte ferroviario, marítimo o fluvial.
Cabe recordar que las políticas neoliberales aplicadas en los ’90 generaron miles de pueblos fantasmas al desintegrar la mayor parte del sistema ferroviario. También convirtió el sistema naval en astilleros abandonados. A lo que se agrega puertos privatizados, concesionados a multinacionales que sacan riquezas del país en buques de bandera extranjera (esquema aún no revertido), cuyos fletes, año a año, cuestan miles de millones de dólares. Dólares que se van del país y por ende debilitan la moneda local al reducir el stock de reservas del Banco Central.
Otro problema estructural que encarece los costos de todos los bienes y servicios es el precio de la energía, pese a contar con enormes recursos energéticos. A partir de los ’90 el sistema se transformó en un enorme aparato de transferencia de recursos de las mayorías hacia los propietarios de dichas empresas. Esas transferencias son con precios y tarifas que hacen inviable cualquier proyecto industrial pujante. La economía local hoy se debate entre fijar tarifas muy difíciles de pagar para la industria y los consumidores domiciliarios, o bien subsidiar las mismas con su correspondiente impacto en el gasto público.
Otra variable de gran peso que presiona en forma permanente sobre los precios es la cotización del dólar, que traslada su aumento de manera casi automática a la mayor parte de la economía. Dicha moneda aumenta su valor por su gran demanda interna a raíz de una estructura económica extranjerizada. Empresas transnacionales que, teniendo la mayor parte de sus costos en moneda nacional, dolarizan sus ganancias, girándolas hacia sus casas matrices. Idéntico destino tienen los ahorros de la mayor parte de los grandes empresarios nacionales.
Otro factor que acrecienta de manera sustancial la demanda de dólares es la importación de insumos para abastecer un sistema productivo con una gran dependencia de bienes importados. Como si esto no bastara, en el país existe una cultura arraigada de ahorrar en dólares por el deterioro sistemático de la moneda nacional y los recuerdos presentes en la población de grandes devaluaciones, procesos hiperinflacionarios y medidas cambiarias traumáticas para los ahorristas.
Cupos y/o retenciones
Es de vital importancia entonces que en la economía local existan mecanismos o instrumentos que permitan desacoplar los precios locales de los internacionales. De lo contrario, un/a trabajador/ra con sus magros salarios en pesos tendría que comprar los alimentos a precios internacionales. Sería una situación inadmisible en un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas y que, por ende, con poco más del 10 por ciento de lo que produce podría garantizar una alimentación adecuada a su población.
Para lograr dicho desacople, el Gobierno cuenta con dos herramientas que sobresalen entre otras de menor relevancia.
- Cupos de exportación: limita la cantidad que se puede exportar y vuelca toda aquella producción que no puede exportarse al mercado interno, generando así una baja en el precio por el aumento de la oferta interna.
- Retenciones a las exportaciones: producen bajas en el precio interno proporcionales al derecho de exportación que se cobra y, a su vez, mejoras en los ingresos del Estado y, por ende, mejor redistribución del ingreso.
No son medidas que impidan la exportación de dichos productos ni que la reduzcan en grandes niveles si se tiene en cuenta la enorme producción en el sector. Pero esas exportaciones sólo deben darse en un esquema en el que la alimentación de la población esté garantizada en cantidad y calidad de manera prioritaria.
Regulación
La importancia de aplicar herramientas que regulen el precio interno de alimentos exportados no sólo radica en que permite bajar el precio interno del producto en sí, sino también el de todos los restantes que utilizan éstos como insumo en la cadena productiva.
Ejemplo de ello es el incremento del precio de la carne, que requiere una solución sustancial dada la importancia que tiene en la dieta de los/las argentinos/as. El actual acuerdo es un primer paso pero no termina de dar una respuesta a la población que más lo necesita. No sólo porque representa un porcentaje mínimo del consumo, que ha llegado a sus niveles per cápita más bajos de la historia, sino porque no comprende al universo de carnicerías de proximidad que abastecen a la mayor parte de los sectores de menores recursos.
La alimentación de la población no puede quedar librada a las leyes de oferta y demanda del comercio internacional. Por el contrario, requiere de manera inmediata una acción contundente por parte del Estado sobre las causas y factores referidos, a efectos de lograr un adecuado equilibrio entre el precio de los alimentos y los ingresos de la población.
La adecuada alimentación debe estar garantizada en tanto base material constituyente del desarrollo biológico, el pensamiento y la acción humana de la que, en su origen, depende sustancialmente el futuro del país.
* Abogado. Magister en Derecho y Economía. Licenciado en Administración Agropecuaria.