¿Se puede no pagar la deuda? ¿Qué ha pasado con la histórica consigna de
“No pago de la deuda externa” y su incidencia en la actual coyuntura
Argentina? ¿Es viable avanzar en torno al planteo de que es necesario
auditar e investigar los orígenes de los compromisos del país con los
organismos internacionales?
¿Se puede no pagar la deuda? ¿Qué ha pasado con la histórica consigna
de “No pago de la deuda externa” y su incidencia en la actual coyuntura
Argentina? ¿Es viable avanzar en torno al planteo de que es necesario
auditar e investigar los orígenes de los compromisos del país con los
organismos internacionales? Sobre estos ejes revista Zoom conversó con
Alejandro Bercovich, economista y periodista radial, gráfico y
televisivo, que en la actualidad conduce los programas “Brotes verdes”
en C5N y “Pasaron cosas” en Radio con vos, y escribe en Bae Negocios y
revista Crisis.
¿Se puede no pagar hoy la deuda externa en Argentina? Ese tal
vez es un planteo que resuena, no digamos en el simple ciudadano de a
pie, pero seguramente en las cabezas de muchos lectores y lectoras
atentas que están con preocupación por la actual situación que atraviesa
hoy el país. Por otra parte que han comenzado a plantear que hay que
auditar la deuda, invertigarla, y no faltan quienes continúan
sosteniendo la consigna de “No pago de la deuda externa”, que en otros
contextos – pongamos por caso: los años ochenta del siglo pasado– tuvo
mucho peso entre las organizaciones sindicales, sociales y políticas de
este país. Hoy tal vez hay quienes plantean que la deuda no es ilegítima
porque la contrajo un gobierno surgido de las urnas, más allá de que lo
hiciera por decreto y no por el Congreso. ¿Vos qué pensas?
Está muy bien plantear los tres ejes juntos porque están muy
imbricados. En primer lugar te diría que no es una locura, hoy por hoy,
plantear el No pago de la deuda, como consigna o como eje de
intervención política por parte de la izquierda y las organizaciones
anti-capitalistas, e incluso, por los movimientos sociales, sindicales.
La deuda es un mecanismo de sujeción política y no un mecanismo
financiero y se puede rastrear su origen política y está bastante
manifiesto en lo que ocurrió en los últimos cuatro años, con lo cual no
me parece para nada plantear como argumento que “es una locura”. Es
claro, por otra parte, que hoy son bastante marginales quienes sostienen
esos planteos, y creo que tiene que ver con que en los años ochenta
todavía estaba muy claro el origen de esas deuda –con los milicos en el
poder– y que no se había contraído en nombre de nosotros, al menos desde
un punto de vista institucional, porque la adquirieron en pleno
gobierno dictatorial y no democrático. Entonces en ese momento el
planteo era más lineal, y logró tener más anclaje social. Ahora han
pasado cuarenta años, y los efectos del planteo no son los mismos, pero
creo que se puede seguir sosteniendo, en tanto se entienda que es un
mecanismo de sujeción política antes que un mecanismo financiero o un
resorte más del capitalismo, y también, si se tiene en cuenta que la
deuda no puede ser repudiada por el hecho de haber sido contraída por un
gobierno dictatorial –que es lo que dice todo el tiempo el presidente
Alberto Fernández– pero sí puede ser encuadrada bajo el marco de la
deuda odiosa en tanto –como dijo hace muy poco Cristina Fernández en La
Habana– no se usó ese dinero para autopistas, carreteras, diques, casas,
sino que fue un simple vehículo para la fuga de divisas. Entonces, en
la medida en que se establezca claramente que el dinero que ingresó al
país se fugó y que los fondos que usufructuaron el dinero por las altas
tasas que había y las comisiones que cobraron también en la colocación,
son los mismos que usufructuaron la diferencia de cambio por haber
comprado dólares más baratos y haberlos fugado antes de la devaluación,
puede al menos plantearse una discusión en la cual ésto sea uno de los
ejes. Yo, en ese sentido, no tengo dudas de que, como hacen algunos
movimientos sociales, el que no tiene una infraestructura básica para
que sus hijos tomen agua potable –como está pasando en el Chaco salteño–
puede decir a los gritos que no se pague la deuda. No tienen que
pedirle permiso a nadie porque hay una deuda muy anterior, que es de
este país con aquello que marca la Constitución Nacional, que tiene que
proveer a sus habitantes y a toda persona de bien que quiera habitar el
suelo argentino. Esta es una cuestión central, incluso para quienes
están en el costado izquierdo de este gobierno, porque pensar que
tendrían que disciplinarse y no plantear la discusión sería una muy mala
decisión política. En mi caso, desde mi práctica práctica periodística,
me he propuesto mantenerlo en discusión, más allá de que, como bien vos
señalabas, es muy difícil hoy sostenerlo. Pero no es la primera vez que
la burguesía se encolumna con una misma posición respecto a un modo de
ver las cosas, en este caso la deuda, y pretende decir hasta donde se
puede y hasta donde no. Y eso es algo que hay que discutir.
¿Cómo evaluás el planteo de auditar la deuda?
Creo que cualquier expresión de repudio respecto de la deuda tiene
que ser muy serio y partir de un estudio pormenorizado de cuál fue el
origen de la deuda, quienes se beneficiaron y cómo eso impactó en las
condiciones de vida de los argentinos. Incluso creo que el gobierno,
para poder tener una posición de mayor fortaleza en la renegociación de
la deuda con los acreedores –y hasta sin querer patear el tablero o
repudiar las emisiones más escandalosas de Caputo o lo que se contrajo
con el Fondo incluso contra sus propios estatutos, etcétera–, al
gobierno le conviene aprovechar cierta dinámica –como hacen los
sindicalistas más burócratas cuando van a un patrón y le dicen que si no
concede algo se pudre con los zurdos– y escuchar a quienes están a su
izquierda con estos planteos. En ese sentido la auditoría es el paso
uno, sí o sí. También creo que hay que investigar otra cosa, que nos
lleva a tu tercer planteo…
… La cuestión de la ilegitimidad de la deuda incluso contraída por un gobierno surgido del sufragio…
Claro. Yo creo que hay que indagar con qué papeles o cuando se aprobó
por decreto o por ley cada emisión de cada bono de deuda, pero también
hay que estudiar en detalle si Caputo finalmente no funcionó como
delivey boy de los grandes fondos de inversión y los bancos de Wall
Street que necesitaba colocar una liquidez a determinado plazo y que él
les proveía bonos para calzar esa liquidez en un país que pagara mucho
interés como Argentina. Si es así es algo que configura delito, y
debería ir preso. Entonces: hay que investigar las fallas
institucionales de los decretos, pero también establecer las
responsabilidades. Acá hay algo que ya he dicho en otras oportunidades –
y no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que escuché decir a
varios especialistas en cuestiones de medio ambiente– y es que hay que
prestar atención a lo que sucede con muchas empresas respecto del medio
ambiente. Lo que hacen sus ejecutivos, ante la penalidad que se
establece contra ellas por contaminar –que es una multa en plata– es
incorporarlo a su ecuación económica. Y acá pasa algo similar con el
tema de la deuda: en la medida en que solamente se renegocie y se diga
“bueno, este pagó tanto de más o no”, se está permitiendo que estos
tipos incorporen a la ecuación económica el endeudamiento un sobrecosto
eventual del default parcial. Por eso creo que lo que hay que hacer es
ponerlos presos. Hay que meter presos a los que endeudaron al país y
permitieron que se fugara el dinero de ese endeudamiento, así la próxima
vez lo van a pensar dos veces. Claro: meterlos presos no es simple y
ahí la movilización popular es fundamental, porque estos tipos sí que se
robaron todo. Esa creo, al fin y al cabo, que debería ser la dinámica
que adquiera un planteo popular frente al problema de la deuda.
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