LA VERDAD SOBRE LA DEUDA

El estudio del proceso de desendeudamiento argentino en los años previos al macrismo genera una dolorosa comparación con el acelerado tranco para sumir al país en un nuevo condicionamiento. Un volumen superior al que conoce la opinión pública. El planteo oficial, narrado con datos en la mano.

La deuda pública bruta nacional ascendió en diciembre al 91% del Producto Bruto Interno, el nivel más elevado de los últimos 15 años (desde el 118,1% de 2004). Lo señaló el Ministerio de Economía en base a la evolución del PBI. Esta información fue presentada por el Banco Central en su Informe de Política Monetaria, donde precisó que el endeudamiento público del Estado sufrió la mayor creciente a partir del 2015.
El volumen de deuda pública nacional en diciembre se elevó a 323.177 millones de dólares, de los cuales el 60% se concentraba en títulos públicos, el 25% en préstamos y  un 10% en instrumentos de corto plazo. “La administración de la deuda pública nacional enfrenta actualmente grandes desafíos como consecuencia de la estrategia de financiamiento externo insostenible implementada por el gobierno anterior”, señaló el BCRA.
El análisis del Central puso el foco en el “escenario crítico” presente, ya que “en los próximos cuatro años se concentra cerca de la mitad de los servicios contractuales (capital + intereses)” y este año los vencimientos en moneda extranjera son similares a los de moneda local. El BCRA comparó el panorama gestado por la gestión macrista con el “fuerte proceso de desendeudamiento y regularización de la deuda pública nacional” iniciado en 2004, y concretado mediante los canjes de 2005 y 2010“.
AYER NOMÁS. Aquella reestructuración alcanzó en conjunto una adhesión del 91% en 2010 y terminó de resolverse con el pago a los holdouts en 2016 y en enero de 2006 se canceló la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de 9.500 millones de dólares. Luego se recuperó para el Estado nacional el sistema de pensiones y parte de la deuda contraída con acreedores privados pasó a constituir deuda interna del sector público; en 2013 se cancelaron deudas en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). En 2014 se reestructuraron los acuerdos con los acreedores nucleados en el Club de París.
Así, explicó el Central, la deuda pública externa se redujo hasta 13,9% del PIB en 2015, y los pasivos internos del sector público del Tesoro Nacional pasaron a representar más de la mitad de la deuda pública nacional (57,2% de la deuda y 30,1% del PIB).
A partir de 2016, sin embargo, “las necesidades financieras del Tesoro Nacional dejaron de fondearse fundamentalmente con fuentes domésticas y comenzaron a cubrirse a través de un proceso acelerado de endeudamiento externo y en moneda extranjera, lo que elevó significativamente la vulnerabilidad macroeconómica”. De este modo, la deuda pública externa creció hasta 45,5% del PIB a septiembre de 2019, es decir, más del triple que cuatro años antes.
NO BOMBARDEEN BUENOS AIRES. Las Fuentes que nos acercaron el Informe –lo recibimos junto a dos medios económicos- se esmeraron en sugerir el párrafo que explica: Debido a esta situación el Gobierno actual propone un diferimiento de las obligaciones contractuales que permitan que la economía crezca para poder honrar los compromisos sin desproteger a los sectores vulnerables de la población.
Esta información es básica para entender en profundidad qué sucede en la economía argentina. También, para comparar el proceder de una administración impulsora de una apuesta autonómica y productivista, y otra que no ha trepidado en arriesgar herramientas esenciales de la vida económica, reducida a la especulación. La acción oficial para saldar la nueva deuda sin afectar la autodeterminación es potente y equilibrada a un tiempo.
La situación no anula el debate en derredor de los espacios económicos de los cuales se extraigan recursos para afrontar el desendeudamiento. Resulta evidente que la tensión existente entre una franja poderosa –exportadores primarios, entidades financieras, empresas privatizadas- y el Estado es punzante; la gestión de Alberto Fernández no se percibe en esta instancia con la energía necesaria para lidiar simultáneamente con acreedores privados y sectores concentrados internos.
Esto deriva en una ralentización de la recuperación económica porque las mejoras para las franjas de asalariados y jubilados que poseen un devaluado ingreso medio, quedan expuestas a las necesidades recaudatorias nacionales. Al respecto, es el movimiento obrero el que ha manifestado mayor capacidad de comprensión, con algunos de sus dirigentes respaldando explícitamente el accionar económico oficial y difundiendo entre sus afiliados los indicadores reales de la “pesada herencia”.
Sin embargo, la Argentina se encuentra en una lucha contra el tiempo. Mientras más se demoren las políticas activas destinadas al mercado interno, menos comprensión social se registrará. Con los datos en la mano, es posible anticipar que un reordenamiento adecuado de los pagos externos facilitará la utilización de medidas más intensas a partir de la mitad del año en curso. El peronismo sabe cómo hacerlo. Pero también sabe –entre el 2003 y el 2005 quedó evidenciado- que no todo se puede resolver simultáneamente.
CABALLO QUE NO GALOPA. Por vueltas que se le dé al asunto la principal fuerza involucrada en este renacer nacional es aquella gestada por Juan Domingo Perón entre 1943 y 1945. El envidiable vigor le ha permitido una continuidad llamativa. Ahora, nos informaron Fuentes Seguras de su interior, va por la reorganización de la zona propia. El Partido Justicialista iniciará el miércoles 19 de febrero en la calle Matheu su renovación de autoridades.
El objetivo, nos indicaron es “integrar a las distintas expresiones del peronismo que integran el Gobierno nacional, desde La Cámpora que hoy lidera Máximo Kirchner, el PJ de los gobernadores y el Frente Renovador de Sergio Massa”. A tal efecto el Consejo Nacional del partido convocará a un Congreso a concretarse en marzo para cumplir con los pasos que marca la Carta Orgánica.
La conducción presente es liderada por José Luis Gioja y está formada por 72 consejeros nacionales. El vicepresidente es Daniel Scioli –embajador ante el Brasil-; acompañado en el cargo por la diputada y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci; el secretario general de la UOM, Antonio Caló; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y la senadora y ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone.
Ahora bien: el camino dista de ser un elemento formal. El esfuerzo de los miembros de la gestión para mostrar un movimiento unido frente a las versiones lanzadas desde los grandes medios y algunos cruces reales que aún se debaten en la militancia –tema presos políticos, por ejemplo- resulta profundo. De allí que quienes elaboran la cocina de la convocatoria insistan en que tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner han insistido en priorizar la confluencia.
Saben que buena parte de la probabilidad de éxito para las acciones que se describen en el primer tramo de este artículo dependen de la energía unificada que logre transmitir el peronismo.